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Leyes del Estado Chileno para los Retornados del Exilio

   
 
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Viernes 13-11-2009


Estimados compatriotas

Debemos aclarar que el Estado chileno legisló la ley 18.994 donde crea la Oficina Nacional de Retorno (ONR) cuya tarea principal fue empadronar a los retornados, la ley 19.074 para reconocimiento de títulos obtenidos y estudios cursados en el extranjero durante el exilio, y la ley 19.128 de excención aduanera para internar herramientas de trabajo, enseres de hogar y un automóvil usado.
A continuación les adjuntamos las tres leyes que supuestamente favorecieron a todos los Retornados del Exilio. Algunos personeros públicos han dicho a la prensa que se trata de leyes de reparación.
El Comité de Retornados del Exilio cree necesario aclarar a la opinión publica Nacional e Internacional que se trata de leyes de reinserción o reinstalación pero no de reparación moral ni material. Ademas que ninguna está vigente ya que finalizaron el día 20-08-1994.
Para reafirmar nuestro pensamiento a continuación les ofrecemos para su análisis las tres leyes mencionadas.


Ley Nº18.994
Creación de la Oficina Nacional de Retorno; sus objetivos, atribuciones y organización, y fija las plantas de su personal.
(Publicada en el “Diario Oficial” Nº 33.749 de 20-08-1990)
Teniendo presente que el Honorable Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de Ley:

Articulo1º Créase la Oficina Nacional de Retorno, como servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sujeta a la supervigilancia del Presidente de la República.
Su domicilio estará en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias que se establezcan en otros puntos del país o del extranjero.

Artículo2º La Oficina Nacional de Retorno tendrá los siguientes objetivos y atribuciones:
a) Estudiar. Proponer e impulsar la aplicación de planes, programas y proyectos dirigidos a facilitar la reinserción social de los exiliados que tengan o hayan tenido la nacionalidad chilena, así como los de los hijos nacidos en el extranjero de padre o madre exiliados que sean o hayan sido chilenos, que retornen o hayan retornado al territorio nacional. Para los efectos de esta ley, se consideran exiliados las personas condenadas a penas privativas de libertad que obtuvieron la conmutación de esas sanciones por la de extrañamiento, en virtud de lo dispuesto en el decreto ley 504, de 1975, del Ministerio de Justicia; las expulsadas u obligadas a abandonar el territorio nacional por resolución administrativa por aplicación del decreto Nº81; las que luego de viajar normalmente al extranjero fueron objeto de prohibición de reingresar a Chile; aquellas que buscaron refugio en alguna sede diplomática siendo posteriormente transferidas al extranjero; quienes en el extranjero se acogieron a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas, u obtuvieron en los países de acogida refugio de carácter humanitario; las personas que se vieron forzadas a abandonar el país debido a la pérdida de su trabajo por motivos políticos y luego sufrieron la prohibición de ingresar al país, circunstancias debidamente acreditadas en la Oficina, y también los miembros del grupo familiar de todos ellos que tengan o hayan tenido residencia en el extranjero por tres años o más.
b) Coordinar con los organismos públicos e internacionales especializados y con organizaciones no gubernamentales, la ejecución de dichos planes, programas y proyectos, de modo que éstos se desarrollen en forma coherente.
c) Recomendar fundadamente a los correspondientes Ministerios, las medidas administrativas conducentes al cumplimiento del propósito señalado en la letra a) de este artículo.
d) Propiciar las reformas legislativas que sean necesarias para regularizar la situación de los nacionales que retornan al país.
e) Servir como centro de acogida inicial a quienes regresan a la Patria, para lo cual deberá efectuar entre otras, labores de información y de orientación encaminadas a solucionar los problemas de los retornados surgidos a raíz de su larga ausencia del país.
f) Participar en la gestión de recursos provenientes de la cooperación internacional, destinados a facilitar la reinserción de los chilenos que retornan, relacionándose para ello con los organismos nacionales e internacionales que promuevan proyectos de cooperación.-
g) Dar cuenta periódicamente al Presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia del avance de los planes, programas y proyectos destinados al cumplimiento de los fines de la Oficina.
h) Cumplir con las demás funciones que le señalan las leyes, reglamentos y resoluciones, habida consideración de las atribuciones, obligaciones y responsabilidades que se asignan a los Ministerios y demás servicios de la Administración del Estado.
i) Realizar y ejecutar los actos jurídicos necesarios para lograr sus objetivos. Al efecto, los recursos de que disponga podrán transferir o ponerse a disposición de los servicios o entidades públicas o privadas, para el cumplimiento de las finalidades de la Oficina en la forma y condiciones que ésta determine, sujetos a rendición de cuentas.
Para el cumplimiento de sus objetivos la Oficina deberá impulsar las medidas conducentes a:
Facilitar la recuperación de la nacionalidad chilena a quienes se han visto privados de ella como consecuencia de su residencia fuera del país;
Facilitar los trámites de residencia de los extranjeros casados con chilenos que hubieren regresado al país y de sus hijos nacidos en el extranjero;
Otorgar facilidades arancelarias para la internación de enseres domésticos e instrumentos de trabajo de las mismas personas;
Facilitar el reconocimiento y continuidad de estudios básicos, medios, técnicos o universitarios realizados en el extranjero;
Facilitar la solución de los problemas relacionados con el reconocimiento de grados académicos y títulos profesionales obtenidos en el extranjero;
Hacer posible el ingreso de los menores retornados a establecimientos de enseñanza básica y media y promover el otorgamiento de becas a los mismos cuando fuere necesario;
Procurar el acceso de los beneficiarios a soluciones habitacionales, previsionales y de salud;
Generar condiciones jurídicas que hagan posible la plena reinserción de los beneficiarios a la comunidad nacional y colaborar en la presentación de solicitudes destinadas a obtener la eliminación de anotaciones en los prontuarios penales, ordenadas en procesos judiciales o resoluciones administrativas, relacionadas con expulsiones o prohibiciones de ingreso al país;
Coordinar los esfuerzos dirigidos a facilitar la reinserción laboral y psico-social de los exiliados que hubieren regresado al país.

Artículo 3º La Oficina Nacional de Retorno estará facultada para solicitar por orden del Ministro de Justicia, a los Ministerios, servicios y reparticiones de la Administración Pública como también a aquellas entidades en que el Estado tenga aportes, participación o representación, los antecedentes y la información necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones que se han asignado.

Artículo 4º El Jefe Superior de la Oficina Nacional de Retorno y su representante legal será el Director Nacional.

Artículo 5º La Oficina Nacional de Retorno será asesorada por un Consejo, que conocerá y analizará las acciones, planes y programas propuestos, podrá formular sugerencias y el general dar su opinión acerca de las materias sobre las cuales sea consultado.

Artículo 6º El Consejo de la Oficina estará integrada por los siguientes miembros:
a)El Ministro de Justicia, quien lo presidirá
b)El Director de la Oficina
c)Un representante de cada uno de los siguientes Ministerios: del Interior, de Relaciones Exteriores, del Trabajo y Previsión Social, de Educación Pública y de Salud, designado por el Ministro respectivo y,
d)Profesionales especializados y representantes de Instituciones privadas, en un número no superior a seis, designados por el Ministro de Justicia, a proposición del Director.
Los miembros del Consejo desempeñarán sus funciones ad honorem.

Artículo 7º El patrimonio de la Oficina Nacional de Retorno, estará constituido por los bienes por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título gratuito u oneroso y, en especial, por :
a)Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuesto;
b)Los aportes de cooperación internacional que reciba para el desarrollo de sus actividades, a cualquier título;
c)Las herencias testamentarias, legados y donaciones que acepte la Oficina;
d)Los frutos de tales bienes.
Las donaciones en favor de la Oficina no requerirán del trámite de insinuación judicial a que se refiere el articulo 1401º del Código Civil y estarán exentas de cualquier contribución o impuesto.
La Oficina deberá informar anualmente a la Cámara de Diputados acerca de las fuentes y de los usos de sus recursos.

Artículo 8º Fijase la siguiente planta de la Oficina Nacional de Retorno :
Planta y Cargo
Director Nacional (1)
Profesionales (6)
Técnicos (3)
Administrativos (5) Auxiliares (2)

Total: 17

Artículo9º El personal de la Oficina Nacional de Retorno estará afecto a las disposiciones del Estatuto Administrativo, aprobado por la ley 18.834, y en materia de remuneraciones se regirá por las normas del decreto ley 249 de 1974, y su legislación complementaria.

Artículo 10º Los órganos y servicios de la Administración del Estado podrán destinar en comisión de servicio a la Oficina Nacional de Retorno a funcionarios de sus respectivas dependencias.

Artículo 11º La Oficina Nacional de Retorno funcionará durante 40 meses, a contar de la fecha de vigencia de esta ley. Transcurrido ese lapso se extinguirá por el solo ministerio de la ley.


Disposiciones Transitorias

Artículo1º El gasto fiscal que representa esta ley durante 1990 se financiará con recursos provenientes de reasignaciones presupuestarias del Programa Operaciones Complementarias del Tesoro Pública.

Artículo2º Para acogerse a las normas de esta ley, los beneficiarios deberán manifestar su intención de regresar al país dentro del plazo de tres años, contado desde la publicación de esta ley.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como ley de la República.

Santiago, Agosto 14 de 1990- Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República- Francisco Cumplido Cereceda, Ministro de Justicia- Alejandro Foxley Rioseco, Ministro de Hacienda. --------------------------------------------





Ley Nº 19.074
Autoriza ejercicio profesional a personas que señala que obtuvieron títulos o grados en el extranjero.
(Publicada en el Diario Oficial Nº34.054, de 28 de Agosto de 1991)
Teniendo presente que el Honorable Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de Ley:

Artículo 1º Los títulos profesionales y técnicos, otorgados por Universidades, Academias y, en general, Instituciones de Educación Superior de diverso carácter, reconocidas por los respectivos Estados, obtenidos en el exterior por los chilenos que salieron del país antes del 11 de Marzo de 1990, por razones de fuerza mayor, y que hubieren retornado, serán legalmente habilitantes para el ejercicio profesional de sus titulares en el territorio de la República, en la forma y condiciones que se establecen en la presente ley.
De la misma manera accederán a este beneficio los poseedores de grados académicos obtenidos en el extranjero que habiliten en el país en que se otorgaron para ejercer la profesión respectiva.

Artículo 2º Los beneficios establecidos en esta ley también serán aplicables a los poseedores de grados académicos o de títulos profesionales o técnicos a que refiere el artículo anterior, cuando se trate de chilenos nacionalizados en otros Estados, cónyuges e hijos extranjeros de chilenos, nacionalizados o no, en las condiciones que se señalan en este cuerpo legal.

Artículo 3º El reconocimiento para el ejercicio profesional a los titulares de grados académicos y títulos profesionales y técnicos a que se refiere el artículo 1º, será exclusivamente otorgado por una Comisión Especial que se crea para tales efectos, que se pronunciará sobre los casos que le presente la Oficina Nacional de Retorno.
Esta Comisión estará integrada por:
a)El Ministro de Educación quién la presidirá, pudiendo delegar transitoriamente en el Subsecretario;
b)El Rector de la Universidad de Chile quien podrá delegar permanente o transitoriamente en el Pro-Rector;
c)Dos Rectores de Universidades integrantes del Consejo de Rectores, designados por éste;
d)Tres miembros del Consejo Universitario de la Universidad de Chile, uno de los cuales deberá ser el Decano de la Facultad que imparta los estudios correspondientes a la profesión que se desea conocer, y los otros elegidos por dicho Consejo;
e)Un representante de las Asociaciones Gremiales que correspondan a la profesión que se desea reconocer, elegido por éstas;
f)En el caso de una solicitud de reconocimiento que no corresponda a los estudios impartidos por la Universidad de Chile, integrará también la Comisión un Rector de las Instituciones de Educación Superior que los impartan, el que será designado por la mismoa Comisión, y
g)El Director Nacional de la Oficina Nacional de Retorno, con derecho a voz.
El Secretario de la Comisión será nombrado por ésta.

Artículo 4º Las personas que se acogan a los beneficios de esta ley presentarán una solicitud acompañando los siguientes antecedentes:
1-Individualización completa del solicitante.
2-Invocación fundada de la causa que motiva la solicitud para acogerse a las disposiciones de esta ley.
3-Individualización completa del establecimiento en que se obtuvo el grado académico o el título profesional o técnico.
4-Antecedentes legalizados de materias cursadas y aprobadas en las especialidades correspondientes.
5-Certificado legalizado otorgado por la autoridad competente del país en que se efectuaron los estudios, que acredite que el grado o título habilita para ejercer en ese país, señalando la profesión y especialidad.
La solicitud de reconocimiento de títulos deberá presentada en la Oficina Nacional de Retorno, la deberá informarla a la Comisión Especial señalada.
Fuera de la Región Metropolitana las solicitudes de reconocimiento podrán ser presentadas ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación, la que sólo actuará como receptora y hará entrega de las mismas a la Oficina Nacional de Retorno, en un plazo de 10 días contado desde la fecha de recepción.

Artículo 5º La comisión Especial solo podrá otorgar el reconocimiento para el ejercicio profesional a los titulares de grados académicos, títulos profesionales o técnicos, que hayan cumplido con las exigencias que ella determine, las que podrán ser de orden académico y no académico, sean éstos similares o tengan denominaciones o niveles diferentes a los que se otorgan en Chile.
La Comisión Especial, para otorgar el reconocimiento, podrá disponer que se realicen ciclos de estudios, trabajos prácticos o se rindan las pruebas académicas que estime convenientes en la Universidad de Chile, de acuerdo a los estatutos de ésta y su consentimiento.
En los casos en que la Universidad de Chile no imparta los estudios correspondientes a las profesiones que se solicita reconocer o no pueda atender dichas solicitudes, la Comisión Especial podrá acordar que las pruebas académicas se realicen en otros establecimientos de educación superior, con su consentimiento.
El reconocimiento para el ejercicio profesional a los titulares a que se refiere el inciso 1º de este artículo, que otorgue la Comisión establecida en el artículo 3º de esta ley, permitirá el desempeño respectivo en todo el territorio nacional.
A los reconocimientos que se otorguen para desempeñar actividades propias de la medicina, odontología, química y farmacia u otras relacionadas con la conservación y restablecimiento de la salud, no se les aplicarán las exigencias contenidas en el artículo 112º del Código Sanitario.
Las personas a quienes se concede el reconocimiento en virtud de esta ley, gozarán de los mismos beneficios y asignaciones remuneratorias establecidas o que se establezcan en la ley para quienes posean títulos profesionales, técnicos o grados académicos otorgados por las instituciones de Educación Superior reconocidas por el Estado.

Artículo 6º La Comisión Especial adoptará sus decisiones por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, dentro del plazo máximo de tres meses contado desde la fecha en que el solicitante haya completado íntegramente la presentación de sus antecedentes o haya vencido el plazo para realizar los ciclos de estudios, trabajos prácticos o rendir las pruebas académicos que la Comisión haya determinado para otorgar el reconocimiento de título.

Artículo 7º La resolución de la Comisión Especial que reconoce legalmente los grados académicos y los títulos profesionales y técnicos, autorizando el respectivo ejercicio profesional, deberá inscribirse en un registro especial que, para el efecto, llevará, la Universidad de Chile. El Director Jurídico de dicha Universidad certificará el hecho de la inscripción, para los efectos legales.
La certificación del reconocimiento para el ejercicio profesional obligará, a petición de parte, a la Dirección General del Registro Civil e Identificación a efectuar la inscripción procedente en el Registro de Profesionales, creado por el decreto con fuerza de ley 630, del Ministerio de Justicia de 1981, incorporando la mención de la profesión que corresponda en la cédula de identidad del recurrente.

Artículo 8º La Comisión Especial iniciará sus funciones desde la fecha de vigencia de esta ley, fijando la reglamentación administrativa interna que contribuye a la mayor efectividad de su trabajo.

Artículo 9º Los beneficios de la presenta ley, de carácter excepcional, sólo podrán recabarse hasta el 1º de Marzo de 1994, no obstante lo cual, la Comisión Especial deberá seguir funcionando hasta pronunciarse sobre la última solicitud presentada en el plazo legal, momento en que se extinguirá por el solo ministerio de la ley.

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del artículo 82º de la Constitución Política de la República, y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como ley de la República.

Santiago, agosto 26 de 1991. Patricio Aylwin Azócar- Presidente de la República- Ricardo Lagos Escobar- Ministro de Educación.


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Ley Nº 19.128
Otorga franquicias aduaneras a exiliados políticos y modifica el Arancel Aduanero.

(Publicada en el diario oficial Nº34.187, de 7 de febrero de 1992)
Teniendo presente que el Honorable Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de Ley:

Artículo1º-Quienes tengan o hayan tenido la nacionalidad chilena, estando comprendidos en la definición de la ley 18.994 y sean calificados como exiliados políticos por la Oficina Nacional de Retorno, a su regreso al país, podrán importar menaje de casa adecuado al uso normal de su grupo familiar, útiles de trabajo necesarios para su profesión u oficio y un vehículo motorizado, libres de derechos, impuestos y demás gravámenes aduaneros, incluida la tasa de despacho, así como de cualquier otro impuesto de carácter interno que grave la importación.

Artículo2º-La liberación aludida procederá siempre que las mercancías no superen en valor FOB, por grupo familiar los siguientes montos:
- Menaje de casa: US$ 5.000 .-
- Utiles de trabajo: US$ 10.000 .-
-Un vehículo motorizado: US$ 10.000 .-
Tratándose de cónyuges en que ambos tengan o hayan tenido la nacionalidad chilena, el monto de los útiles de trabajo podrá incrementarse hasta en un 100% siempre y cuando éstos estén relacionados con una profesión, oficio o actividad acreditado ante la Oficina Nacional de Retorno. También podrán internar dos vehículos, siempre que la suma de los valores FOB no exceda de US$ 10.000.-

Artículo 3º-El vehículo motorizado consistirá en un automóvil, una camioneta u otro de características similares y adecuado al uso del beneficiario y su grupo familiar.
La propiedad del vehículo se acreditará mediante factura, padrón u otro documento que haga sus veces, extendido a nombre del beneficiario o de su cónyuge.
Al efectuar su inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados, el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá consignar en ella la prohibición establecida en el artículo 5º de la presente ley.

Artículo 4º-Las personas que se acojan a los beneficios antes indicados deberán acreditar una permanencia ininterrumpida en el extranjero en el exterior, por un período no inferior a tres años.
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el Director Nacional de Aduanas podrá aceptar interrupciones del plazo siempre que éstas no excedan de tres meses por cada año calendario.

Artículo 5º-Las mercancías importadas bajo ésta franquicia, no podrán ser objeto de enajenación ni de ningún acto jurídico entre vivos que signifique el traslado de su dominio, posesión, tenencia o uso a terceras personas, salvo que, hayan transcurrido tres años de su importación o que dentro de este plazo, se pague el total de los gravámenes que las afectarían de no mediar la franquicia, para lo cual no se considerará el recargo establecido en la Regla General Complementaria Nº3 del Arancel Aduanero.
Los gravámenes a que se refiere el inciso anterior serán reducidos al 75% y al 50% después de transcurridos mas de uno o dos años, respectivamente, contados desde la fecha de su importación.
El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso 1º hará presumir el delito de fraude, conforme con lo establecido en el artículo 176º de la Ordenanza de Aduanas.

Artículo 6º-Podrán gozar de los beneficios establecidos en los artículos anteriores todos aquellos interesados que , cumpliendo con lo establecido en el artículo 1º y habiéndose acogido a lo señalado en el artículo 2º transitorio de la ley 18.994, que creó la Oficina Nacional de Retorno, así lo soliciten.
Tales beneficios se concederán por resolución de la Dirección Nacional de Aduanas, sujeta al trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República.

Articulo 7º-El Director Nacional de Aduanas fijará el procedimiento a que deberá sujetarse el Servicio, para la aplicación de esta franquicia.

Artículo 8º-Los beneficiarios de lo establecido en los artículos anteriores no podrán acogerse a las franquicias aduaneras de cualquier otra disposición distinta a las señaladas en ellos, sino después de transcurridos tres años desde la fecha de la importación acogida a tales beneficios, salvo casos calificados por el Director Nacional de Aduanas.

Artículo 9º-Modifícase el capítulo 0 del Arancel Aduanero, en la forma que a continuación se indica.
1.- Reemplazase la partida 0009 del capítulo 0 del Arancel Aduanero, por la siguiente:

-Partida 0009.0000 Mercancías,excepto vehículos sin carácter comercial,de propiedad de viajeros que provengan del extranjero o Zona Franca o Zona Franca de Extensión.

Partida 0009.0000 Equipaje

Partida 0009.0200 Mercancías de propiedad de cada viajero proveniente de Zona Franca o Zona Franca de Extensión, hasta por un valor aduanero de USA$500.

Partida 0009.0300 Mercancías que porten los viajeros con residencia en localidades fronterizas nacionales,hasta por un valor de USA$150 FOB por cada mes calendario.

Partida 0009.0400 Menaje y/o útiles de trabajo de chilenos.

Partida 0009.0401 Menaje de chilenos con permanencia de seis meses a un año en el extranjero,hasta por un valor de USA$500 FOB.

Partida 0009.0402 Menaje y/o útiles de trabajo de chilenos con permanencia de mas de uno a cinco años en el extranjero,hasta por un valor de USA$3.000 FOB.

Partida 0009.0403 Menaje y/o útiles de trabajo de chilenos con permanencia de mas de cinco años, Hasta por un valor de USA$5.000 FOB.

Partida 0009.0500 Menaje y/o útiles de trabajo de extranjeros que ingresen al país con visa de residencia temporal o sujeta a contrato por un período de un año o mas.

Partida 0009.0501 Menaje hasta por un valor de USA$5.000 FOB.

Partida 0009.502 Utiles de trabajo hasta por un valor de USA$1.500 FOB.

Partida 0009.8900 Otras mercancías de viajeros hasta por un valor de USA$1.500 FOB.

Notas legales
Nº1. Las mercancías de propiedad de viajeros que se importen al amparo de no deben tener carácter comercial, extendiéndose que lo tienen cuando se traigan en cantidades que excedan el uso y necesidades ordinarias del viajero.

Nº2. El menaje y/o útiles de trabajo a que se refiere ésta partida deben cumplir con los siguientes requisitos:
A)Deberán ser usados y estar manifiestamente destinados, por su naturaleza y cantidad, a satisfacer las necesidades normales del interesado y de su familia.
B)Deberán haberse adquirido con anterioridad al ingreso al país del interesado.

Nº3. La familia a que se refiere la nota legal anterior, estará constituida por el núcleo familiar que dependa del beneficiario, y que normalmente comprende al cónyuge y los hijos menores de edad, que hayan vivido en el extranjero a sus expensas.
El núcleo familiar podrá estar constituido, además, por otras personas unidas por vínculos de parentesco con el beneficiario, pero en este caso deberá acreditarse que han vivido en el extranjero a expensas del beneficiario y que no tienen rentas propias.

Nº4. Podrán importarse al amparo de esta partida el equipaje y las mercancías que, cumpliendo con los requisitos en ella señalados, ingresen conjuntamente con el viajero. Dichas especies tendrán igual tratamiento, cuando su ingreso se produzca dentro del plazo de 120 días, con anterioridad o posterioridad al del beneficiario y siempre que vengan consignadas a su nombre en el manifiesto o guía correspondiente.
El Director Nacional de Aduanas podrá, en casos calificados y por una sola vez, prorrogar el plazo señalado en el inciso anterior.

Nº5. Las personas que se acojan a la presente partida, no podrán hacer uso de ninguna otra posición de este capítulo, con la sola excepción de la partida 0033.

Nº6. Se comprenderá en la denominación “equipaje” de la subpartida 0009.01 :
a)Los artículos de viaje, prendas de vestir, artículos eléctricos de tocador y artículos de uso personal o de adorno, gastados y usados, y que sean apropiados al uso y necesidad ordinarios de la persona que los importe y no para su venta.
Quedan expresamente excluidos de la enumeración anterior el mobiliario de casa de todo orden, servicio de mesa, mantelería, lencería, cuadros, instrumentos musicales, aparatos para reproducir la voz, la música y la visión, la instalaciones de oficinas, repuestos y artefactos eléctricos y en general, todo aquello que pueda reputarse como mercancías susceptible de vender, como las piezas enteras de cualquier tejido u otros artículos.
b)Los objetos de uso exclusivo para el ejercicio de profesiones y oficios, usados.
c)Hasta una cantidad que no exceda, por persona adulta, de 400 unidades de cigarrillos; 500 gramos de tabaco de pipa; 50 unidades de puros y 2.500 centímetros cúbicos de bebidas alcohólicas.

Nº7. Las mercancías de la subpartida 0009.03, deberán consistir en productos alimenticios, farmacéuticos, vestuario o combustible de uso doméstico destinados a ser usados o consumidos por el beneficiario y su grupo familiar.
La presente subpartida se aplicará a los viajeros que desarrollen actividades laborales en localidades extranjeras colindantes al lugar de residencia o que deban concurrir a éstas por razones de abastecimiento. El cumplimiento de estas condiciones será determinado por el Servicio Nacional de Aduanas.

Nº8. Una misma persona no podrá acogerse nuevamente a los beneficios de las subpartidas 0009.04 y 0009.05, sin que haya transcurrido, a lo menos, un plazo de tres años, contados desde la fecha de la última importación efectuada a su amparo. No obstante, en casos calificados y por resolución fundada, el Director Nacional podrá exceptuar del plazo antes señalado.

Nº9. El menaje y los útiles de trabajo de las subpartidas 0009.04 y 0009.05 no podrán ser objeto de negociación de ninguna especie, tales como compraventa, arrendamiento, comodato o cualquier otro acto jurídico que signifique la tenencia, posesión o dominio de ellas por persona extraña al beneficiario, antes del transcurso de un año, contado desde la fecha de su importación, salvo que se enteren en arcas fiscales los derechos e impuestos que , conforme al régimen general, se hubieren dejado de percibir.

Nº10. La importación de las mercancías a que se refiere la subpartida 0009.8900 estará afecta, además, al pago de los derechos específicos correspondientes de acuerdo con la clasificación que les corresponda dentro de los capítulos 1 al 97 del Arancel General.

Nº11. Los plazos de permanencia en el extranjero a que se refiere la subpartida 0009.0400 se contarán hacia atrás desde la fecha de regreso del beneficiario a Chile y dichos plazos deberán ser ininterrumpidos, salvo en casos debidamente calificados por el Director Nacional de Aduanas.

2.- Incorpórase la siguiente partida en el capítulo 0 del Arancel Aduanero:

Partida 0035.0000 Objeto de artes originales ejecutados por artistas chilenos en el extranjero e importados por ellos.

Partida 0035.0100 Cuadros y pinturas.

Partida 0035.0200 Dibujos.

Partida 0035.0300 Esculturas.

Nota legal
Esta partida se aplicará previa certificación y calificación de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, en la que se acredite la individualización del artista, su nacionalidad chilena, nombre de la obra y procedencia de la franquicia, en mérito de que la difusión o connotación de la creación son de interés para el país.

3.- Reemplazase la regla general Nº3 de las Reglas Generales Complementarias del Arancel Aduanero, por la siguiente:
“La importación de mercancías usadas, incluso cuando el Arancel Aduanero contempla posiciones específicas que incluyan mercancías usadas, estará gravada con los derechos que el Arancel establece para la correspondiente mercancía nueva, recargada en un 50%.
Sin perjuicio de lo anterior, este recargo del 50% no se aplicará en la importación de las siguientes mercancías:
a)A los bienes de capital, con excepción de los barcos para pesca y barcos factorías, que se clasifican en los ítem 8902.0010; 8902.0091 y 8902.0099 del Arancel Aduanero, respectivamente, que pueden acogerse a pago diferido de derechos de aduana, sin la limitación de su valor mínimo.
b)A las comprendidas en la sección 0 del Arancel Aduanero, siempre que su importación se efectúe en las condiciones y con los requisitos que se especifican en cada posición arancelaria de esta sección.
c)A las consignadas a particulares o internadas por éstos, siempre que correspondan a operaciones que no tengan carácter comercial y hasta por un monto CIF de US$ 100.

Artículo 10º-Agrégase al artículo 12º, letra B, del decreto ley 825, de 1974 los siguientes números:
14.- Los viajeros que se acogan a las Subpartidas 0009.03, 0009.04 y 0009.05, con excepción del ítem 009.8900 del Arancel Aduanero.
15.- Los artistas nacionales respecto de las obras ejecutadas por ellos y que se acojan
a la partida 00.35 del capítulo 0 del Arancel Aduanero.

Artículo 11º-El cónyuge e hijos de los beneficiarios de las franquicias a que se refiere esta ley no tienen calidad de terceros y están autorizados para usar las mercancías internadas al amparo de las franquicias por ella establecida.

Artículo 1º Transitorio. Los exiliados políticos que puedan acogerse a los beneficios establecidos en la presente ley, pero que hubieren retornado al país con anterioridad a su publicación y después del 25 de diciembre de 1982, podrán optar por:
a)Solicitar la devolución de los derechos e impuestos pagados por la importación de mercancías de las que se señalan en esta ley, incluyendo los de carácter interno, considerando los montos máximos, indicados en el artículo 2º, siempre que cumplan con los demás requisitos que se establecen.
La devolución deberá ser solicitada a la Dirección Nacional de Aduanas dentro del plazo de 6 meses, contados desde la entrada en vigencia de la presente ley, correspondiéndole al Director Nacional de Aduanas establecer el procedimiento para su devolución.
b)Importar las mercancías a que se refieren los artículos 1º Y 2º, por los mismos montos y en las mismas condiciones señaladas en disposiciones permanentes de esta ley.

Artículo 2º Transitorio. Los exiliados políticos deberán acogerse a los beneficios de esta ley dentro del plazo señalado por el artículo 2º transitorio de la ley 18.994.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como ley de la República.

Santiago, 31 de Enero de 1992.- Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República- Jorge Rodríguez Grossi, Ministro de Hacienda subrogante- Martita Worner, Ministra de Justicia subrogante.



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Santiago, Marzo del 2005.


Juez aprueba indemnizaciones para Retornados del Exilio.

En una resolución sin precedentes el juez del 23 Juzgado Civil de Santiago, Rubén Palma Mejías acogió una Demanda contra el Fisco presentada por un grupo de exiliados que buscan reparación económica por el daño moral que sufrieron, luego que se vieron obligados a vivir fuera de Chile durante la Dictadura Militar.
El juez respaldó a los 40 demandantes quienes pidieron la nulidad de derecho público de la prohibición de ingresar al país que dictó la Dictadura Militar en 1973, luego que ellos se asilaran en distintas embajadas.
A juicio del magistrado la orden de prohibir la entrada a Chile de los afectados “constituyó un acto de ilegalidad en los términos dispuestos por la Constitución, toda vez que cada uno de los demandantes fue obligado a abandonar el país, agrediendo y atentando de este modo contra los derechos humanos esenciales e inherentes a cada persona”.
Tras analizar los argumentos de las partes, el juez acogió el planteamiento de la defensa de los exiliados en cuanto a que la acción de nulidad de derecho público es imprescriptible debido a que “cualquier acto ejecutado por el Estado o sus agentes en contravención a la legalidad vigente es nulo de pleno derecho”.
El Consejo de Defensa del Estado, que en este caso representa al Fisco de Chile -el demandado- argumentó que la acción está prescrita.
La demanda patrocinada por el abogado Adil Brkovic, sostiene que pese a que los afectados por la medida de la dictadura militar regresaron a Chile entre 1983 y 1988, “el exilio sigue siendo causa de daño emocional”.
Dicho postulado fue recogido por el magistrado Rubén Palma Mejías, quién tomó en cuenta informes médicos que acreditan enfermedades y problemas sufridos por los exiliados como consecuencia de su forzada lejanía del país.
En lo que respecta a las sumas de dinero que deberá recibir cada afectado, el juez resolvió que éstas “deberán ser fijadas en el incidente sobre cumplimiento de la sentencia” y que “deberán pagarse debidamente reajustadas”.
La resolución que podría ser invocada por otros retornados del exilio para exigir indemnizaciones, debe ser analizada en segunda instancia por la Corte de Apelaciones.
El abogado Adil Brkovic se mostró muy satisfecho por el fallo, porque recordó que los ex exiliados son las únicas víctimas de violaciones a los derechos humanos “que no han recibido ningún tipo de reparación por parte del Estado”.